La Inspección General de Justicia (Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires) aprobó un nuevo marco normativo que introduce un cambio de paradigma en cuanto a la función y atribuciones del organismo, mediante la flexibilización del régimen aplicable en beneficio de la autonomía de la voluntad de las sociedades. Conforme el espíritu de la nueva resolución, que entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre del corriente año, la Inspección General de Justicia se constituirá como una institución al “servicio económico de interés general, que lleva como pilar rector el principio de libertad de empresa y demás principios que consagra nuestra Constitución Nacional”.

Algunas de las principales modificaciones tanto para sociedades locales como extranjeras, son:

1. La revocación del principio de pluralidad sustancial de socios originaria y derivada. Es decir, la Inspección no requerirá -al momento de la constitución de una sociedad- parámetros mínimos de participación societaria, ni realizará verificaciones posteriores tendientes a determinar si se mantiene la “efectiva pluralidad de socios”.  A partir de noviembre, en las sociedades que no sean unipersonales, la pluralidad se tendrá por cumplida con la simple existencia de al menos dos socios.
2. Se admite la integración de aportes con activos virtuales y criptomonedas.
3. Las sociedades constituidas en el extranjero no deberán en lo sucesivo acreditar la titularidad de activos en el exterior para inscribir sucursales, asientos o representaciones permanentes, y se permitirá la inscripción de las sociedades offshore.
4. Se elimina la presentación del régimen informativo anual al que estaban sujetas las sociedades extranjeras inscriptas como sucursales y/o accionistas, simplificando el proceso de registración de los demás trámites atinentes a la sociedad extranjera, con la consiguiente reducción de los costos pertinentes.

Sin perjuicio de que la resolución entrará en vigencia el 1° de noviembre de este año, se ha dispuesto la posibilidad de solicitar la aplicación anticipada de la misma cuando esta sea más favorable en relación a un trámite de inscripción.