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En el Registro Oficial Edición Especial No. 1039, de fecha viernes 18 de septiembre de 2020, se publicó la Absolución de Consulta OF. PGE. No. 09172 de 7 de julio de 2020, atendiendo la consulta planteada por la Defensoría del Pueblo.

La consulta se plasmó respecto de: la aplicación del Código de Trabajo para los obreros de instituciones y empresas públicas; y, la aplicación del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, que versa sobre la causal terminación de los contratos de trabajo aduciendo caso fortuito o fuerza mayor, sobre los obreros de las instituciones y empresas públicas a causa de la emergencia sanitaria COVID-19.

Al respecto, la Procuraduría General del Estado se pronunció indicando que la regulación principal y primera en orden de aplicación es la Ley Orgánica de Empresas Públicas; y de forma supletoria, en lo relacionado con la contratación individual, y/o cuando la persona esté clasificado como obrero, se aplica el Código de Trabajo.

Mientras que, sobre la aplicabilidad de la causal de caso fortuito o fuerza mayor determinada en el artículo 169 numeral, 6 del Código de Trabajo, para los obreros de tales instituciones, se concluyó que al ser aplicable el Código de Trabajo, también es aplicable la causal de terminación. Se recalcó se debe cumplir con dos elementos:

1. Que los hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor no sean atribuibles a la entidad; y,
2. Que los hechos den lugar a una situación que implique el cese definitivo de la actividad de la Institución o la imposibilidad de reactivación.

Se concluyó expresamente que la Procuraduría General del Estado no puede pronunciarse sobre si la pandemia COVID-19 constituye la causal alegada, pues será el personero encargado de cada institución quién decida si se cumplen los supuestos de hecho enunciados.