El 01 de enero de 2025 se promulgó la Ley 1613, referente al Presupuesto General del Estado 2025 (PGE). El PGE, establece la distribución de los recursos del Estado destinados a cumplir con las políticas públicas del país, así como la previsión de gastos e ingresos para la gestión.

Dentro de las disposiciones específicas de esta Ley, en su capítulo segundo, destaca una novedosa medida que faculta a empresas privadas y entidades públicas a adquirir activos virtuales para el pago de obligaciones a sus acreedores.

Esta disposición ampliará las opciones de pago en contratos celebrados con el Estado. No obstante, aún está pendiente la publicación del reglamento que regirá su implementación.

Mientras algunos analistas económicos califican esta medida como una respuesta desesperada ante la escasez de divisas en la económica nacional, los sectores empresariales y tecnológicos del país consideran que podría ser un avance significativo dentro de las relaciones contractuales públicas-privadas.

Por otro lado, el PGE 2025 mantiene los incentivos tributarios para la industrialización, la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales que ya prevía el PGE 2024. En efecto, el PGE 2025 establece la aplicación de una tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los sectores:

• Agropecuario
• Industrial
• Construcción
• Minería

Este beneficio se aplica tanto a la importación como a la comercialización interna de bienes de capital y plantas industriales. La lista específica de bienes y plantas sujetas a esta disposición se detalla en el Decreto Supremo No. 5302, que reglamenta la Ley 1613.

En contraste con el PGE 2024, este año se incluye una nueva disposición destinada a incentivar la reinversión de utilidades obtenidas por parte de empresas y sucursales de compañías extranjeras. Se establece una exención porcentual en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas - Beneficiarios del Exterior (IUE-BE). El incentivo se configura con la reinversión de la utilidad o los dividendos obtenidos de fuente boliviana, con base en el porcentaje de reinversión:

• Reinversión igual o superior al 75%: 3,125% aplicable sobre la utilidad pagada o remitida.
• Reinversión entre el 50% y el 74,99%: 6,25% aplicable sobre la utilidad pagada o remitida.
• Reinversión entre el 25% y el 49,99%: 11,25% aplicable sobre la utilidad pagada o remitida

Las utilidades o dividendos reinvertidos deben registrarse en una cuenta de reserva patrimonial y destinarse exclusivamente al financiamiento de activos fijos, nuevos proyectos o inventarios relacionados con el giro de negocio, hasta el cierre de la gestión fiscal del IUE siguiente a la reinversión.

Si esta reserva patrimonial es distribuida o no se reinvierte conforme a las condiciones establecidas, la Administración Tributaria considerará que el impuesto se perfeccionó en la fecha de vencimiento para la presentación de los Estados Financieros correspondientes al período en que se generaron las utilidades. En tal caso, se calculará la deuda tributaria por el incumplimiento en el pago del tributo en tiempo y forma.

Es importante mencionar que la fecha de remisión de fondos al exterior no es vinculante para el uso del beneficio de la exención. En estos casos , se considerarán las utilidades y dividendos presentados en la fecha límite para la entrega de los Estados Financieros al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Aunque esta disposición tiene un alcance limitado, su objetivo continúa siendo retener la mayor cantidad posible de capital dentro del país.

Asimismo, dentro de las disposiciones que competen al sector privado, el PGE 2025 establece facilidades de pago para deudas tributarias y multas pendientes al 31 de diciembre de 2024, incluso aquellas en etapa de ejecución tributaria.

En relación con este punto, los contribuyentes podrán retomar el pago de cuotas siempre que lo hagan hasta el 31 de marzo de 2025. Una vez reanudados los pagos, se dejarán sin efecto tanto la ejecución tributaria como los procesos sumarios contravencionales iniciados, así como las medidas adoptadas por la Administración Tributaria.

En conclusión, el análisis de la normativa permite destacar el interés del Estado por promover un escenario de inversión más atractivo para el sector privado, liberando tributos que en general exceden la capacidad impositiva de las empresas y dificultan la inversión dentro del territorio boliviano. Al final de día, estas medidas fiscales tienden a promover el desarrollo empresarial y atraer inversión extranjera al país.