La Procuraduría General del Estado, mediante Oficio N° 09775, reafirmó la aplicación automática del silencio administrativo positivo relacionado a la aprobación de los actos administrativos.

Específicamente la PGE determinó:

En atención a los términos de su consulta sobre los actos administrativos previos establecidos en los artículos 26 y 78 de la Ley Minería, y en virtud del numeral 1 del artículo 3 de la LOGJCC, al ser la Ley de Minería normativa especial frente a otras generales en esta materia, como lo es el COA, se debe considerar que el silencio administrativo positivo, previsto en los artículos antes mencionados, no requiere de reconocimiento administrativo posterior ni de ejecución judicial, sino que opera automáticamente, ya que dichas normas especiales indican que ante la configuración de tal silencio se debe entender, por mandato legal, que no existe oposición ni impedimento para el desarrollo de la actividad, siempre que exista título o concesión a favor del solicitante.

Es importante recalcar que la PGE dejó claro que no se requiere reconocimiento administrativo posterior ni ejecución judicial. La aprobación opera por ministerio de la ley. Esto es importante porque:

1. brinda seguridad jurídica a los concesionarios que cumplen los requisitos para no estar a la espera de la buena voluntad de la Administración.
2. Reduce la discrecionalidad y posibles trabas burocráticas en los procesos de licenciamiento.
3. Reconoce que la Ley de Minería prevalece sobre normas generales como el COA.

El pronunciamiento seguramente destrabará algunos procesos, obligará a que los trámites administrativos sean más ágiles y por tanto se dinamizará la actividad minera legal, que es elemento crucial para el desarrollo económico del país.