El pasado miércoles 4 de setiembre fue aprobado por el Parlamento el Código de lo Contencioso Administrativo, que habrá de marcar un hito significativo en la materia, tanto en tramitaciones frente a la Administración como en el marco de acciones jurisdiccionales.

En este sentido, la aprobación del Código completa la necesaria reforma que fuera impulsada con la aprobación de la Ley N° 20.010 y la Ley N° 20.212, aportando a la claridad de las normas aplicables y, por tanto, a la certeza jurídica. A su vez, se establecen soluciones novedosas, que habrán de contribuir para un mejor desarrollo de la actividad administrativa.

1. Aspectos Generales

El Código contiene algunos artículos en que aborda aspectos generales, entre los que se encuentran los principios aplicables a los procesos jurisdiccionales en materia contencioso administrativa, así como a la actuación administrativa. Además, indica cuáles serán las reglas de interpretación e integración de sus disposiciones, extremo que ha sido sumamente actualizado y simplificado a partir de las recientes reformas legislativas.

2. Competencia en procesos contencioso anulatorios

Una de las cuestiones más importantes contempladas en el proceso de reforma que se iniciara con la Ley N° 20.010 y se concluye con la aprobación del Código es la creación de Juzgados Letrados en lo Contencioso Anulatorio, permitiendo la celebración de procesos en dos instancias. En esa línea, cabe destacar que:

• El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) entenderá en instancia única en procesos relativos a actos administrativos con efectos jurídicos generales y en aquellos casos en que no tengan competencia los tribunales inferiores, así como en las contiendas y diferencias a que refiere el artículo 313 de la Constitución (art. 18).
• Los procesos relativos a actos administrativos que produzcan efectos jurídicos particulares serán tramitados en 1^a Instancia ante los Juzgados Letrados en lo Contencioso Anulatorio, conociendo en 2^a Instancia el TCA, hasta tanto se instale el Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo (arts. 19 y 20).
• Los Juzgados Letrados en lo Contencioso Administrativo conocerán en instancia única en los siguientes casos i) casos de menor cuantía (cuando el valor de la cuantía sea inferior a 70 UR); ii) de ciertas sanciones a funcionarios públicos; o iii) de clausuras, prohibiciones, inhabilitaciones o suspensiones de actividades que no superen los cinco días (art. 21).

3. Recursos y peticiones administrativas

El Código incorpora modificaciones sumamente relevantes en el desarrollo de los procedimientos administrativos vinculados a peticiones y recursos. Entre ellas, destacan las siguientes:

• El plazo para la interposición de los recursos administrativos pasa a computarse en días hábiles, mientras que con las normas anteriores se contaba en días corridos (art. 45).
• Las notificaciones de los actos administrativos deberán incluir el texto completo del acto e identificar al órgano actuante. En el caso de la notificación personal, deberá explicitarse la posibilidad de interponer los recursos correspondientes para agotar la vía administrativa y el plazo para hacerlo, disponiéndose que, si el acto administrativo no hubiera sido notificado personalmente ni publicado en el Diario Oficial con las formalidades establecidas, al interesado no le correrá el plazo para impugnar (art. 44).
• El Código regula una nueva herramienta dentro del procedimiento administrativo, que denomina como “urgimiento”. Será aplicable tanto en la tramitación de recursos administrativos, como de peticiones (arts. 48 y 59, respectivamente). En esencia, el urgimiento será una herramienta con la que cuenten los particulares para buscar el impulso de la actuación administrativa en aquellos casos en que la Administración no se expidiera de forma expresa sobre las peticiones y recursos administrativos.

  Vencidos los plazos con que contaba la Administración para resolver, sin que hubiere resolución expresa, el interesado podrá urgir al organismo correspondiente a que resuelva la cuestión. Transcurridos treinta días corridos desde el siguiente al urgimiento sin que se notificare resolución, se considerará que existe una ratificación de la denegatoria ficta, comenzando a computarse los plazos para interponer recursos (en el caso de denegatoria relativa a peticiones) o iniciar la acción de nulidad (en el caso de denegatoria relativa a recursos administrativos).

4. Agotamiento de la vía administrativa como presupuesto de acciones jurisdiccionales

El artículo 51 del Código soluciona una discusión de larga data en nuestro ordenamiento jurídico, al declarar a modo de interpretación del artículo 312 de la Constitución que el agotamiento de la vía administrativa solo será presupuesto de la acción de nulidad, excluyendo toda otra acción referida a un acto administrativo o sus efectos.

5. Sobre la acción de nulidad

El Código introduce de forma detallada las normas que serán aplicables a las acciones de nulidad, en el ámbito contencioso anulatorio. En esa línea, algunas de las cuestiones más relevantes son las siguientes:

• Se amplía el plazo para la interposición de la demanda de nulidad, pasando de sesenta a noventa días corridos, contados a partir de la notificación personal o la publicación en el Diario Oficial del acto que ponga fin a la vía administrativa, o del día siguiente al de la denegatoria ficta de los recursos administrativos interpuestos (artículo 55).
• Se flexibilizan las exigencias vinculadas a la legitimación activa, en tanto se dispone que tendrá legitimación quien invoque ser titular de un interés directo, personal y legítimo o de un derecho subjetivo, violado o lesionado por el acto administrativo (art. 66).
• Se regula la participación espontánea y provocada de terceros, admitiéndose de forma expresa su participación coadyuvante con la parte actora, estableciéndose ciertos requisitos para ello (arts. 64 y 65).
• Otra de las innovaciones que puede extraerse del Código radica en la forma de realización de los actos escritos. Así, sujeto a que sea reglamentado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se autoriza la realización de actos procesales escritos por medios electrónicos o telemáticos (art. 80). En la misma línea y sujeto a la reglamentación correspondiente, se permite la realización de audiencias mediante videoconferencias.
• Se regulan los procesos preliminares, incluyéndose aquellos cautelares y anticipativos. Se mantiene la posibilidad de solicitar la suspensión transitoria de la ejecución del acto administrativo.
• Se regulan de forma expresa los efectos materiales, subjetivos y temporales de la sentencia (arts. 188 a 190). También se regula su ejecución (art. 192).

6. Aplicación y vigencia

Por último, en los artículos 205 a 210 se regula la entrada en vigencia del Código y algunas cuestiones misceláneas, de la siguiente manera:

• La norma entrará en vigencia a los 90 días corridos, contados a partir del siguiente al de su publicación en el Diario Oficial (art. 205).
• Las normas procesales serán aplicables a procesos iniciados luego de su vigencia (art. 206).
• Se remite en los puntos que no fueran regulados de forma expresa, a la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales, así como al Código General del Proceso, con sus normas concordantes y modificativas (art. 207).
• Se refiere a la improcedencia de la conciliación previa (art.208).
• Deroga expresamente las normas que hasta la fecha regulan la materia contencioso administrativa, incluyendo el Decreto Ley N° 15.524, la Ley N° 15.869, la Ley N° 20.010 y los artículos correspondientes a la temática de la Ley N° 20.212. También deroga cualquier otra norma que, directa o indirectamente, se oponga a lo dispuesto por el Código.