La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante Resolución No. SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INSESF-INGINT-2024-0188, estableció las pautas y directrices orientadas al buen gobierno de las instituciones financieras del sistema popular y solidario, promoviendo la transparencia, la responsabilidad y la igualdad de oportunidades entre sus distintos participes. En ese contexto, las entidades deberán contar con lo siguiente:

• Plan estratégico: Es una herramienta clave para los órganos de gobierno y dirección de las entidades, ya que les permite analizar su realidad, establecer objetivos sostenibles y delinear estrategias para la consecución de metas, incluyendo la definición de líneas de acción y recursos necesarios (económicos, humanos y materiales) para su ejecución.
• Reglamento de buen gobierno: es un documento interno clave para las instituciones del sistema financiero popular y solidario, que establece un marco efectivo de gestión, transparencia y rendición de cuentas. Su objetivo es establecer ciertas funciones de los órganos de gobierno, dirección, control y de gerencia, además de asegurar que las decisiones y políticas de las entidades beneficien equitativamente a todas las personas socias, sin distinción alguna. Este reglamento es de cumplimiento obligatorio y deberá adecuarse a la resolución SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INSESF-INGINT-2024-0188 hasta el 30 de abril de 2025. Su contenido contemplará mínimamente en su estructura lo siguiente:

1. Asamblea o Junta General;
2. Consejo de Administración;
3. Sesiones de los Consejo de Administración y Vigilancia;
4. Gerente;
5. Control Interno;
6. Auditor Interno;
7. Auditor Externo;
8. Gestión Integral de Riesgos;
9. Política de Información; y,
10. Infracciones y Sanciones.

• Código de Ética y Comportamiento: Debe establecer valores y principios éticos que fortalecen las relaciones entre las personas socias, clientes, empleados, gerentes, proveedores y los órganos de gobierno. Este Código también debe abordar la gestión de conflictos de interés y los principios de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos. Además, debe promover la igualdad de género, la diversidad y la inclusión en todas las áreas de la entidad.
• Comisión Especial de Resolución de Conflictos: Es la encargada de recibir, investigar, preparar el expediente y resolver todo lo relacionado con las denuncias, reclamos y conflictos de gobernabilidad o laborales, que se generen entre o contra los distintos órganos de la entidad y personas empleadas. La Comisión Especial será la primera instancia para recibir, investigar y resolver denuncias y reclamos de las entidades. Se deberá agotar está vía para poder presentar denuncias ante el Organismo de Control. Las decisiones de la Comisión Especial de Resolución de Conflictos se tomarán por mayoría simple y serán susceptibles de apelación.
• Plan de recuperación o viabilidad: es un mecanismo de protección de los recursos de las personas depositantes que incluye un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan determinar la situación económica financiera de la entidad, así como el conjunto de acciones a implementar ante escenarios de inviabilidad. El plan deberá contener como mínimo lo siguiente:

1. Resumen ejecutivo;
2. Análisis de situación actual;
3. Indicadores financieros clave;
4. Análisis de riesgo;
5. Definición de supuestos que llevarían a la institución a escenarios de inviabilidad;
6. Acciones correctivas y de contingencia;
7. Sistema de alerta temprana y niveles de activación del plan y;
8. Procesos de revisión y actualización del plan.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá solicitar en cualquier momento la presentación del plan de recuperación o viabilidad, los fundamentos en los que se basa y, si lo considera necesario, su actualización o cambio.

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