Si bien el desarrollo del sector minero ni la lucha contra la actividad ilícita de recursos mineros son una política de Estado, el Presidente de la República parece que ha empezado esfuerzos para la lucha contra estas actividades que tanto le hacen daño al sector minero y al país en general. Mediante el Decreto Ejecutivo 435 el Primer Mandatorio dispuso al Ministerio de Energía y Minas; Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Agencia de Regulación y Control Minero, en colaboración con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, coordinar acciones para identificar actividades ilícitas de recursos mineros en todo el territorio nacional.
Como parte de esta iniciativa y para fortalecer al sector minero, mediante este Decreto Ejecutivo se creó el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM), un organismo permanente que tiene como objetivo la coordinación interinstitucional para la evaluación nacional de riesgos y oportunidades del sector minero; así como, de cualquier acción necesaria para contrarrestar las actividades ilícitas de recursos mineros y sus efectos.
Las competencias del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM) pueden resumirse en cuatro ejes principales:
Algo muy interesante de este Decreto Ejecutivo es que en su Disposición Transitoria Segunda dispone que el Ministerio de Energía y Minas; Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; la Agencia de Regulación y Control Minero; y, otras instituciones vinculadas, realicen la actualización inmediata y coordinada del catastro minero y de los registros correspondientes a las autorizaciones administrativas ambientales mineras y para ello otorgó un plazo máximo de seis meses.
Parecería que esta norma forma parte de las acciones necesarias para a una reapertura del catastro minero, algo que ha sido un ofrecimiento del Estado desde el 2018 y que el sector y los inversionistas han estado esperando por años y que esperamos vuelva a colocar al Ecuador en un puesto importante de la Encuesta Fraser.
Fuente: Decreto Ejecutivo 435, del 23 de octubre del 2024.
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