Según los datos del Índice de Burocracia en Iberoamérica 2023, las empresas dedican en Bolivia, aproximadamente, 1200 horas al año (i.e. 50 días, por entero) a trámites convencionales para su funcionamiento. Asimismo, dicho índice apunta que se requieren más de 2600 horas (i.e. 100 días), en promedio, para abrir una empresa en nuestro país.

Lo anterior es, evidentemente, un problema serio que incentiva a la informalidad y pone en riesgo la permanencia de las empresas en Bolivia. Sin embargo, es un problema que podría solucionarse, siguiendo los pasos que adoptó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — Indecopi, del Perú.

En efecto, hoy en día la Indecopi se dedica, entre otros asuntos, a la eliminación de las barreras burocráticas, ilegales e irracionales, en el Perú.

¿Barreras burocráticas?

Es muy común encontrar el concepto de barreras de entrada/permanencia en los libros y en la legislación que trata sobre la libre competencia. Básicamente, este término hace referencia a los obstáculos que impiden el acceso o la permanencia de las empresas en el mercado.

Las barreras burocráticas son una especie subtipo de barreras de entrada/permanencia, toda vez que implican obstáculos para el acceso o la permanencia de las empresas en el mercado. Sin embargo, dichos obstáculos son, específicamente, impuestos por el Estado (e.g. leyes, resoluciones, etc.)

Evidentemente, no todas las barreras burocráticas son perjudícales.  De hecho, muchas de ellas son necesarias para alcázar un fin deseable y, sobre todo, son proporcionales a ese fin. Por ejemplo, las leyes que tratan sobre el pago de impuestos, en cuanto garantizan la provisión de los servicios públicos.

En ese entendido, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) peruano, trabaja actualmente para eliminar aquellas barreras burocráticas que considera como ilegales (i.e. manifiestamente contrarias a la ley), así como aquellas que carecen de razón. Es decir, barreras burocráticas que (i) no persiguen un interés público real y/o que (ii) establecen medidas desproporcionales a dicho.

Experiencia de la Indecopi

El Manual sobre Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi describe el trabajo que realiza esta entidad, sobre la materia. Entre otros, la Indecopi se encarga de que las autoridades administrativas locales acepten recibir documentos simples, en sustitución de documentos oficiales, y que eviten la duplicación de esfuerzos.

Lo anterior conlleva, por ejemplo, que las autoridades administrativas reciban copias simples, en sustitución de copias legalizadas, o traducciones simples, en lugar de traducciones certificadas y/o oficiales. Asimismo, .

Dicho Manual también refiere a medidas específicas que han sido declaras, por la Indecopi, como barreras burocráticas carentes de razón. Por ejemplo, menciona cierta restricción horaria, impuesta por la Municipalidad, para el funcionamiento de locales comerciales; medida que fue dejada sin efecto por la Indecopi, toda vez que:

[…] la administración no habría evaluado con pruebas concretas (i) cuáles van a ser las pérdidas económicas de los locales, (ii) cuántos puestos de trabajo se perderían, (iii) cuál sería el incremento de costos de supervisión de las medidas en que tendrían que incurrir, entre otros, comparados con los beneficios esperados de las medidas […]

Según datos del Indecopi, entre enero y septiembre de 2022, dicha entidad eliminó más de tres mil quinientas barreras burocráticas ilegales y/o carentes de .

Conclusiones

En Bolivia, la libre competencia es un bien de orden público y protegido, jurídicamente. En efecto, el Decreto Supremo 29519 desarrolla esta idea, de la siguiente manera: 

[…] la competencia como principio rector del funcionamiento de los mercados permite, desde un punto de vista económico, maximizar el bienestar de la sociedad, dado que los consumidores se ven beneficiados con un mayor acceso a bienes y servicios, a precios accesibles y calidad adecuada.

[…] la competencia es un elemento dinamizador de la economía nacional y la libre competencia es un bien jurídicamente protegido y de orden público, por lo que el Gobierno Nacional está en la obligación de su regulación, a fin de evitar que se obstruya la libertad económica controlando e impidiendo que personas o empresas incurran en actos de abuso debido a su posición dominante en el mercado nacional.

Tomando en cuenta lo anterior, resulta evidente que las barreas burocráticas que alientan a la informalidad y ponen en riesgo la permanencia de las empresas en el mercado, atentan contra la libre competencia, como bien jurídico protegido y de orden público. Al respecto, existen muchas barreras burocráticas en Bolivia, que podrían ser objeto de análisis, debido a que existe una base constitucional y legal para ello.

Por ejemplo, el artículo 56 de la Constitución Boliviana señala que todas las personas tienen  “[…] derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función social”. Sin embargo, distintas restricciones de carácter administrativo suelen imponerse sobre la propiedad privada, a pesar de que esta cumpla una función social.

De manera similar, la Ley No. 2341 de Procedimiento Administrativo señala que las personas tienen derecho  “A no presentar documentos que estuvieren en poder de la entidad pública actuante”. No obstante, lo anterior poco eficaz, ya que las instituciones gubernamentales suelen solicitar documentos que se encuentran en su poder.

Por los motivos antes expuestos, conferir facultades suficientes para eliminar barreras burocráticas ilegales o carentes de razón, podría ser una solución o, al menos, un aporte en favor de la libre competencia en Bolivia. En ese sentido, sería ideal la promulgación de una ley que confiera facultades a una institución local, de tal forma que esta pueda analizar las barreras burocráticas en Bolivia, de manera similar al Indecopi.

Vale la pena denotar que, a la fecha, la Autoridad de Fiscalización de Empresas de Bolivia (AEMP) tiene la facultad de “Proponer normas de defensa y promoción de la competencia”, en virtud al artículo 44 del Decreto Supremo No. 0071. Sin embargo, a la fecha, la AEMP no ha propuesto ninguna norma o proyecto de ley relacionado a la eliminación de barreras burocráticas. Evidentemente, esta vía sería la ideal para que la Asamblea Legislativa confiera, mediante ley, las facultades necesarias a la AEMP para resolver el problema de la burocracia en Bolivia.