En esta semana mediante decreto presidencial No. 337 y la Resolución Nro. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-0121, emitido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se marcan hitos significativos en las estrategias contra la prevención del lavado de activos y la lucha anticorrupción. Con la intención de fortalecer el marco regulatorio local, y estandarizar ciertas prácticas para los actores públicos como privados con la finalidad de mejorar sus prácticas en materia de Compliance y de esta manera tratar adecuadamente los riesgos que enfrentan.

Mediante el Decreto Ejecutivo 337, el presidente Daniel Noboa creó una Política Nacional de Integridad Pública al 2030 para la prevención y lucha contra la corrupción. En el Decreto destacan las siguientes líneas estratégicas para la implementación de la Política Nacional de Integridad Pública:

• Contratación pública responsable y transparente
• Prevención y tramite efectivo de los conflictos de interés
• Transparencia en las etapas del ciclo presupuestario
• Aplicación de tecnologías en la lucha contra la corrupción
• Desarrollo de capacidades institucionales en la prevención y lucha contra la corrupción.

La Política Nacional de Integridad Pública hace énfasis en los tratados internacionales que debe respetar el Ecuador en materia de anticorrupción, los compromisos asumidos en Lima en la VIII Cumbre de las Américas y el estudio realizado por la OCDE denominado “La Integridad Pública en el Ecuador: Hacia un Sistema Nacional de Integridad”. La Política reitera la necesidad de contar con un modelo de gobernanza de gobierno abierto que incluye la transparencia y acceso a la información pública, la integridad y rendición de cuentas, la colaboración y innovación pública y ciudadana, y la participación de la sociedad. Busca alinear a las entidades del estado para que quede claro su responsabilidad, obligaciones y lo que se espera de ellas para contribuir a la integridad pública y a la lucha contra la corrupción. El documento recopila los problemas existentes, su impacto y las oportunidades de mejoras, para poder contar con acciones claras y encargados definidos.

Por otro lado, La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emitió la Resolución Nro. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINT-INSEPS-IGJ-0121 con el objetivo de establecer medidas de control para las entidades del sector financiero popular y solidario, enfocándose en:

• La estructura organizacional que incluye la unidad de cumplimiento, el oficial de cumplimiento y el comité de cumplimiento.
• La administración de riesgo del lavado de activos, que incluye claridad sobre la metodología a utilizar, las etapas y administración de los riesgos y la matriz de riesgos y sus consideraciones.
• Mecanismos de Debida Diligencia, que incluye las políticas “Conoce a su Socio”, “Conoce tu Empleado”, “Conoce tu Proveedor”, “Conoce tu corresponsal” y “Conoce tu Mercado”.
• Sistema de Responsabilidades en la Prevención, donde se define las responsabilidades del Gerente o representante legal, las funciones del oficial de cumplimiento, las funciones del consejo de administración, funciones del Comité de Cumplimiento, funciones de la auditoría interna y externa, y las funciones del consejo de vigilancia.

Es crucial que tanto el sector público como el privado se adapten rápidamente a este nuevo marco. La integridad empresarial y la transparencia son fundamentales para fortalecer la confianza del mercado y asegurar un entorno económico responsable y sostenible.