El pasado 10 de enero de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Competitividad Energética con el voto favorable de 131 legisladores. La ley pretende promover la generación de energía con el fin de superar la crisis energética del país. La ley propone principalmente lo siguiente:

• Definir los contratos regulados como aquellos contratos suscritos entre un generador o un auto generador con todas las empresas distribuidoras.
• Definir al Sistema de Generación Distribuida para Autoabastecimiento como el conjunto de equipos para la generación de energía eléctrica que aprovechan un recurso energético renovable no convencional para el autoabastecimiento y que se conecta a una red de distribución.
• “Mercado a corto plazo” por su parte se define como el mercado donde se liquidan, de forma horaria las transacciones comerciales que no están consideradas en los contratos de compraventa de energía.
• La generación distribuida se refiere a las pequeñas centrales de generación y consumo.
• Se asigna un presupuesto proveniente de los aportes de las empresas del sector eléctrico que no podrá exceder el 1% del costo del servicio.
• Se dispone que el CENACE no ejerza actividades de generación, transmisión, distribución ni comercialización de energía
• En cuanto a la transmisión, se autoriza.
• Se dispone que el Estado, por medio del Ministerio del ramo puede delegar a empresas mixtas, privadas, empresas estatales extranjeras, a empresas de economía popular y solidaria la participación en las actividades de servicio de energía eléctrica y alumbrado en los casos previstos en la ley.
• En cuanto a la transmisión, se autoriza también a empresas mixtas, empresas privadas (de manera excepcional), empresas estatales extranjeras, a empresas de economía popular y solidaria para desarrollar nuevos proyectos de transmisión mediante un contrato de concesión. Se dispone además que el transmisor estará obligado a permitir el libre acceso a terceros a su sistema en los términos de la regulación pertinente.
• También se dispone que el Ministerio podrá ordenar a los generadores, auto generadores, distribuidores, grandes consumidores o usuarios finales a construir una red de transmisión a su costo para cubrir sus propias necesidades. La infraestructura que se implemente en estos casos será revertida al estado sin costo al finalizar los contratos de concesión.
• Se autoriza a personas jurídicas distintas de las empresas de distribución a construir nuevas redes de distribución siempre que cuenten con la autorización de las empresas distribuidoras del área. La infraestructura, sin embargo, pasará a ser propiedad de la empresa distribuidora del área y podrá ser utilizada para que otros usuarios se conecten a la misma.
• Los sistemas de autoabastecimiento podrán ser de propiedad del consumidor o de terceros siempre que la energía este destinada únicamente para la demanda del consumidor final.
• Se establece que podrán celebrarse contratos de compraventa de energía por los participantes o transacciones a corto plazo, las mismas que deberán ser liquidadas por el CENACE. Las transacciones a corto plazo serán aquellas que se puedan originar por la diferencia entre los montos de energía contratados y los realmente consumidos o producidos por los servicios asociados a la generación o transporte de energía eléctrica y las transacciones no contempladas en contratos.
• Se dispone que las empresas públicas de generación deben suscribir contratos regulados con las personas jurídicas dedicadas a la distribución y comercialización.
• Las empresas privadas podrán desarrollar, a su riesgo, proyectos que no superen los 10MW, y se le otorgarán beneficios para su participación en los Procesos Públicos de Selección. Se dará prioridad en el proceso de construcción, operación y mantenimiento a aquellos proyectos que promuevan el uso de tecnologías limpias y energías alternativas, así como despacho preferente, y proyectos del tipo Energías Renovables No Convencionales de hasta 10MW.
• El Plan Maestro de Electricidad deberá identificar los proyectos de generación prioritarios del sector eléctrico para un periodo de al menos 10 años.
• Se elimina la disposición por la que se obliga a incluir cláusulas de precios de compra de energía en ellos contratos de inversión del sector.
• Las empresas públicas de generación de energía destinarán el 30% de su utilidad a proyectos de desarrollo en sus áreas. En el caso de compañías privadas, el 3% de la utilidad se destinará a sus trabajadores y el 12% a proyectos de desarrollo territorial.
• Se dispone la chatarrización de los vehículos de transporte público que salgan de servicio y que los mismos sean reemplazados por vehículos eléctricos. Además, se establece que para el 2030, todos los vehículos que se dediquen al servicio de transporte público y comercial (continental) deberán ser de medio motriz 100% eléctrico o de cero emisiones.
• Se promueve la generación de energía eléctrica a partir de biomasa.
• Se crea el Fondo Nacional de Inversión de Eficiencia Energética para planes, programas y proyectos destinados a la eficiencia energética.
• Se declara de interés nacional a los proyectos de energía eléctrica en etapa de construcción con un avance del al menos 50% y las centrales de generación existentes que requieren mantenimiento.

En materia tributaria se dispone:

• La deducción del 100% adicional de la depreciación y amortización correspondientes a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de sistemas de generación distribuida para autoabastecmiento a base de energías renovables no convencionales, mecanismos de producción más limpia, producción de energía renovable, reducción del impacto ambiental de la actividad productiva y reducción de emisiones de gases.
• Se podrá deducir de la base imponible del Impuesto a la Renta los gastos incurridos en obras para la construcción de nuevas redes e infraestructura para abastecer la demanda de energía eléctrica a clientes comerciales y/o industriales en zonas aisladas de la red de distribución, que cuenten con la aprobación de las empresas distribuidoras del área.
• Se define como vehículos eléctricos a aquellos que sean propulsados únicamente por energía eléctrica que la carga de batería emplee exclusivamente dicha fuente. Así también, deberán producir cero emisiones contaminantes directas.
• Se condonan los intereses para las empresas de distribución y clientes finales (excepto clientes industriales), por el pago del servicio público de energía eléctrica, para lo cual deberán cancelar los valores adeudados hasta el 30 de junio del presente año.

Se debe incluir una tarifa arancelaria del 0% para la maquinaria agrícola que funcione con energía limpia.