Mediante Decretos Ejecutivo No. 110 de 08 de enero de 2024 y No. 111 de 09 de enero de 2024, el Presidente de la República del Ecuador declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna y por existencia de conflicto armado interno, de acuerdo al artículo 164 de la Constitución de la República.

El estado excepción tendrá vigencia de 60 días, es decir hasta el 08 de marzo de 2024, y conlleva la limitación de los siguientes derechos constitucionales:

• Libertad de reunión – la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas quedan autorizadas para desarticular reuniones en espacios públicos, limitar aglomeraciones, tanto en el territorio nacional como en centros penitenciarios.
• Inviolabilidad de domicilio – la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas quedan autorizadas a realizar inspecciones y requisas con la finalidad de hallar escondites, almacenamiento de armas y/o explosivos y desarticular amenazas actuales o futuras.
• Inviolabilidad de correspondencia – la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas quedan autorizadas a revisar toda carta, mensaje, comunicación o misiva enviada a personas privadas de libertad.
• Libertad de tránsito – se prohíbe la circulación de las personas todos los días desde las 23h00 a las 05h00, con las siguientes excepciones: servicios de salud públicos y privados, seguridad privada, atención de emergencias, personas del sector exportador, de la cadena logística, del transporte de carga, trabajadores de compañías que operen durante la noche, personas que se dirigen desde o a aeropuertos, abogados, periodistas, servicios públicos y sectores estratégicos, personas en ejercicio de actividades económicas que abastezcan una cadena productiva, entre otros.

Adicionalmente, se ordena la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Plocía nacional en todo el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.

Finalmente, el Presidente de la República califica a veintidós grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas, ordena al Consejo de Seguridad Pública y del Estado la actualización de esta lista y ordena a las Fuerzas Armadas a ejecutar operaciones militares para neutralizar a estas organizaciones.