Mediante Decreto Ejecutivo No. 206 publicado con fecha 22 de marzo de 2024, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 524, se expidieron las Reformas Reglamentarias para la Aplicación de la Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha Contra el Terrorismo. Entre las notables reformas realizadas al Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RGLOSNCP) cabría señalar a los siguientes:

• Se ratifica la aplicación del principio de juridicidad a los procedimientos de contratación pública, destacando la necesidad de una debida motivación en el ejercicio de potestad discrecionales por parte de autoridades públicas y de la consecuente responsabilidad de los servidores públicos, tal como lo determinaba el Código Orgánico Administrativo.
• Se ratifica la aplicación supletoria del Código Orgánico Administrativo y del Código Civil en la interpretación de los contratos administrativos o en la resolución de conflictos que surjan en la tramitación de los procedimientos de contratación pública.
  • Comentario: Estas ratificaciones son positivas, al incorporar supletoriamente los principios y las regulaciones del Código Orgánico Administrativo, el cual es sumamente garantista de los derechos del particular, y, las regulaciones contractuales del Derecho Privado al Sistema Nacional de Contratación Pública.
• Se determina que los oferentes y/o proveedores del Estado deberán procurar la adopción de sistemas de gestión de cumplimiento, relacionadas a antisoborno, antilavado de activos, anticorrupción u otras normas que regulen las buenas prácticas y los sistemas de gestión para prevención, detección y corrección de actos que atenten contra la integridad de los recursos económicos de su organización o sus partes interesadas, conforme lo regule el SERCOP. Esta disposición no será utilizada para direccionar contrataciones a determinados proveedores.
• Se excluyen del Sistema Nacional de Contratación Pública la contratación de servicios de patrocinio o asesoría internacional del Estado o de entidades del sector público que se vayan a proveer en el exterior.
• Se excluye la exigencia del requisito de verificación de producción nacional (VPN) a las contrataciones calificadas por el Presidente de la República como necesarias para la seguridad interna y externa del Estado, y cuya ejecución esté a cargo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
• Se excluye como potestad delegable la declaración de situación de emergencia por parte del Ministro de Estado o por la máxima autoridad de la entidad contratante, con la finalidad de aplicar el procedimiento de contratación previsto específicamente para estas situaciones.
• Se añaden atribución al Servicio Nacional de Contratación Pública, tales como: 1) verificación de que los procedimientos de contratación pública sean transparentes, 2) expedir normativa secundaria en materia de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, y, 3) suscribir convenios de cooperaciones con entidades públicas nacionales o extranjeras.
• Se excluye la obligatoriedad de inscripción y habilitación en el Registro Único de Proveedores – RUP, a los oferentes que participan en procedimiento de contratación por ínfima cuantía.
• Se incluye una definición del “beneficiario final” de los procedimientos de contratación y se determina que su identificación se realizará mediante las siguientes reglas: 1. Si el proveedor es persona jurídica regulada por la Superintendencia de Compañías, se utilizará la herramienta provista por dicha entidad para determinar el beneficiario final, presumiéndose que el beneficiario final es lo que conste en esta herramienta. 2. Si el proveedor es persona natural, se presumirá que él o ella es el beneficiario final.3. Si el proveedor es un compromiso de asociación o consorcio, se seguirán las mismas reglas de los numerales anteriores. Además, se determina que ya no será necesario que los oferentes presenten una declaración de beneficiario final como documento adicional en sus ofertas, al menos que el oferente lo considere necesario.
  • Comentario: esta reforma es sumamente positiva al eliminarse un requisito que tantos problemas generó a las personas jurídicas, que actúan como oferentes y que cotizan sus acciones en bolsas de valores.
• Se excluye el requisito de contar con el informe de pertinencia emitido por la Contraloría General del Estado a las contrataciones cuyo presupuesto referencial sea menor al que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el Presupuesto Inicial del Estado (PIE) y a los procedimiento de contratación que previamente hayan sido declarados desiertos.
• Se considera como convalidable cualquier error en el llenado del formulario de la oferta y como errores no convalidables a la falta de documentación e información que no tenga referencia en la oferta, y, el incumplimiento de requerimientos técnicos de la oferta.
  • Comentario: con la reforma al artículo 79 del RGLOSNCP, se entendería que la simple referencia en la oferta a un documento que, por error, no se incluyó, obliga a la entidad contratante a solicitar convalidación al oferente.
• Se añaden al régimen especial los procedimientos de contratación cuyo objeto sea la Defensa Nacional, el Orden Público, la Protección Interna, la Seguridad Ciudadana y la Rehabilitación Social, y, consecuentemente, se añaden como entidades contratantes de procedimiento de contratación sujetos a este régimen al Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores o quien haga sus veces.
• Se añade la figura de consultas puntuales y específicas a la contratación de servicios de asesoría jurídica, siempre que éstas tengan como valor total un presupuesto estimado que no supere en el año por cada proveedor el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.0000005 por el PIE.
• Se abre la posibilidad que, en los procedimiento de contratación en situación de emergencia, los contratos sean ejecutados en un plazo mayor al de la declaratoria de emergencia, siempre que se justifiquen y acrediten las razones técnicas.
• Se añade, como procedimiento especial, la modalidad ingeniería, procura y construcción que será aplicable para contrataciones donde el presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00003 por el PIE. Bajo esta modalidad, el contratista deberá diseñar, ejecutar y completar la obra de acuerdo con las especificaciones del contrato y será responsable por cualquier defecto en la misma, y, deberá rendir una garantía de fiel cumplimiento de hasta el 20% del valor del contrato.
• Se añaden también los siguientes procedimientos especiales: compra corporativa de alimentación escolar, adquisición de combustible para vehículos de entidades contratantes y adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales.
• Se determina expresamente la posibilidad de que las partes dejen constancia respecto a su inconformidad con la liquidación contractual, sin que este particular impida que el contrato administrativo sea terminado por mutuo acuerdo.
• Se abre la posibilidad de que, en caso fortuito o fuerza mayor, el contratista pueda proponer a la entidad la entrega de otros bienes de otra marca distinta a la ofertada, siempre que sea de la misma o mejor calidad y condición, y no tenga costo adicional alguno.
• Se determina el término máximo de 30 días para los pagos que la entidad contratante deba realizar al contratista. En caso de que los pagos no se realicen en el término antes señalado contados desde la fecha de solicitud de pago, el contratista bajo la figura de retención indebida de pago podrá demandar pago de intereses, además de daños y perjuicios.
• Se añaden las Juntas de Resolución de Disputas como un método alternativo de resolución de conflictos que surjan durante la ejecución de un contrato de obra, cuyos miembros serán: una persona designada por la contratista, una persona la entidad contratante, una tercera persona propuesta por los dos miembros designados quien será el presidente.
• Se determinan las atribuciones de la Unidad de Antilavado de Activos y Anticorrupción del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, entre las cuales se encuentra la detección de prácticas evasivas o elusivas de los procedimientos de contratación por parte de los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública.
• Se ratifica la posibilidad de interponer recursos de apelación contra los actos administrativos expedidos durante la fase precontractual y durante la fase de ejecución contractual. En el primero caso, si la entidad contratante no resuelve el recurso de apelación dentro del término previsto en la Ley, el procedimiento de contratación se suspenderá hasta su resolución. En el segundo caso, se notificará a los organismos de control correspondientes, a efectos de determinar las responsabilidades a que hubiere lugar. En ninguno de los dos casos será aplicable el silencio administrativo positivo previsto en el artículo 207 del Código Orgánico Administrativo.
• Finalmente, el Decreto Ejecutivo No. 206, añade la disposición general novena al RGLOSNCP en la cual determina que el SERCOP, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, hasta el 30 de abril de 2024, remitirán una propuesta definitiva para facilitar las compras públicas de fármacos y bienes estratégicos en salud, y de esa forma garantizar el acceso de la población, evitar pérdidas y optimizar los recursos públicos.