Las regulaciones en el área ambiental en Uruguay han crecido exponencialmente, principalmente a partir de la década de 1990. Actualmente, el componente ambiental es un elemento clave a considerar cuando nos enfrentamos a la realización de numerosas actividades empresariales e industriales, como aquellas vinculadas a la forestación, a la energía, a la construcción y a diversos tipos de producción industrial, entre otras.
En tal sentido, destaca la regulación relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), por cuanto establece la obligatoriedad de obtener diversas autorizaciones ambientales para poder instalar y operar ciertas actividades, construcciones u obras. Actualmente, el régimen de EIA surge de lo dispuesto por la Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994, y su reglamento, el Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005, sin perjuicio de lo dispuesto por otras normas que pueden resultar aplicables, según el caso.
En Uruguay la EIA es en esencia un procedimiento administrativo, en el que se analizan los eventuales impactos ambientales que pueden generarse por la ejecución de determinados proyectos, para determinar si es posible su autorización. El procedimiento debe tramitarse ante el Ministerio de Ambiente, que es la autoridad competente para estudiar los proyectos y, finalmente, expedirse acerca de su ejecución.
Según el reglamento, entre los proyectos que requieren autorizaciones ambientales podemos encontrar a los de energías renovables (por ejemplo, parques eólicos); proyectos forestales; numerosos proyectos de construcción, entre los que destacan la construcción de carreteras nacionales o departamentales, de vías férreas, de nuevos puentes, de oleductos y gasoductos que superen una longitud de 10 kilómetros; la extracción de minerales; la construcción de unidades o complejos industriales o agroindustriales que tengan determinadas características; y la construcción o ampliación de zonas francas, entre otros.
Es importante para las empresas conocer esta normativa y sus efectos prácticos, en tanto su incumplimiento puede implicar diferentes sanciones administrativas, así como la eventual suspensión de las actividades que se ejecutaren sin la autorización correspondiente.
En tal sentido, contar con un asesoramiento adecuado (que contemple los aspectos técnicos de los proyectos pero no deje de lado que en definitiva la EIA se enmarca en procedimientos administrativos seguidos frente a la Administración, por lo que es importante conocer sus implicancias jurídicas) resulta clave para poder alcanzar las metas planteadas, cumpliendo con los cronogramas y tiempos definidos.
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