El pasado 28 de agosto Target Brands, Inc., entidad a cargo de las marcas de la tienda departamental estadounidense, recurrió en contra del rechazo de su marca insigne:
Dicho rechazo se basó en las semejanzas del signo solicitado con las marcas del oponente, Pinturas Tricolor S.A.:
Si bien Target argumentó en su contestación a la oposición que ya contaba con el signo registrado en Chile en su versión en blanco y negro, la decisión del Instituto Nacional de Propiedad Industrial es clara al determinar que los signos en pugna presentan semejanzas que les impedirían coexistir en el mercado.
En su escrito de apelación, la solicitante ha reiterado sus argumentos de defensa de su marca, argumentando que Tricolor no puede pretender monopolizar todas las configuraciones de la representación gráfica de un tiro al blanco, sobre todo si se considera que actualmente existen diversas marcas registradas en Chile con etiquetas que incluyen ilustraciones distintivas de este tipo.
La resolución de este conflicto está en manos del Honorable Tribunal de Propiedad Industrial, quien tendrá la ardua tarea de determinar si es que estos signos pueden coexistir. Además, deberá tener en consideración que INAPI resolvió de manera diferente este conflicto al enfrentarse a la versión mixta de la marca solicitada:
Esta marca fue aceptada a registro días antes de la interposición del recurso de apelación, por lo que será interesante ver cómo el HTDPI armoniza las diferentes argumentaciones.
La Representante en Jefe para Latinoamérica y el Caribe de la INTA (International Trademark Association), Carolina Belmar, expuso en representación de la organización en el contexto de las audiencias públicas sostenidas para la preparación de la Nueva Constitución.
En la cita, Belmar agradeció la inclusión del reconocimiento constitucional de tanto los derechos de autor como la propiedad industrial. Recordemos que ésta última fue excluida del borrador de Nueva Constitución que fue rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.
Durante su exposición, también destacó la inclusión de regulación respecto al derecho de los ciudadanos a tomar parte de la vida cultural, a disfrutar de las artes, y a incentivar el progreso científico, lo cual es parte del artículo 16, N° 24 del borrador actual.
Finalmente, Belmar indicó que la protección de estos derechos intelectuales es esencial para incentivar la innovación y la creatividad de sus autores, así como para fortalecer la divulgación del conocimiento, y que éste no solo se mantenga en la academia, sino que sus buenos resultados deben favorecer al desarrollo y bienestar de toda la comunidad.
Investigadores de la Universidad de Chile desarrollaron una nueva tecnología que facilita la detección del SARS-CoV-2, virus que se esparció rápidamente por el planeta desde diciembre de 2019, generando la pérdida de miles de vidas, así como millones de contagios a nivel mundial.
Esta tecnología, al utilizar recursos mucho más limitados que otros métodos que se encontraban previamente en el estado del arte, permite que pueda ser implementada en la mayoría de las ciudades del mundo.
Por ello, el plantel universitario logró el licenciamiento de esta tecnología de detección a la Organización Mundial de la Salud y a la entidad sin fines de lucro Medicines Patent Pool, en el contexto de un programa de ambas entidades que busca licenciar innovaciones internacionales que permitan el acceso de tecnologías sanitarias a todo el mundo, y sobre todo a países menos desarrollados.
Gracias a este acuerdo, tanto la Organización Mundial de la Salud como Medicines Patent Pool podrán lograr acuerdos con empresas a nivel mundial para generar sublicenciamientos de la tecnología, con el objeto de su transferencia, comercialización y uso por un mayor número de pacientes.
A partir del auge de la sociedad del conocimiento, la adecuada protección de los activos intangibles se ha convertido en una necesidad imperante de las empresas que buscan posicionarse como entes relevantes en el mercado, ya sea a través de la protección de marcas, patentes y secretos empresariales, como también mediante el resguardo de sus datos y sistemas informáticos a través de robustas capas de seguridad.
Precisamente en reconocimiento de la relevancia que revisten estos activos es que la Ley N° 21.595 publicada el pasado 12 de agosto de 2023 (ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecúa las penas aplicables a todos ellos, en adelante “Ley de Delitos Económicos") incorpora una serie de delitos a su catálogo vinculados a estas materias. Estos delitos estarán sujetos a un estatuto especial, modificándose las formas de determinación de la pena y añadiendo sanciones adicionales a las previstas en sus respectivas regulaciones.
En materia de Propiedad Intelectual y Delitos Informáticos, se reputará que los delitos comprendidos en las leyes que regulan dichas materias constituyen delitos económicos en la medida que sean perpetrados en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando fuere ejecutado en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa. Dentro de los tipos penales que se agregan a este catálogo se encuentran, entre otros, los siguientes:
La comisión de estos delitos acarrearía no solo la responsabilidad de su autor, sino también la responsabilidad penal de la empresa en la cual el autor ocupe un cargo, función o posición, o a la que preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, siempre que la perpetración del hecho se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo de prevención de delitos.
Lo anterior refuerza la necesidad de contar con modelos de prevención adecuados para efectos de eximir la responsabilidad de la empresa, los que identifiquen apropiadamente los procesos que conlleven riesgos en materia de protección y uso de activos intangibles, establezcan protocolos y procedimientos, y asignen responsabilidades en cuanto a su aplicación.
Asimismo, resulta esencial que las empresas y personas naturales obtengan la adecuada protección de estos activos, ya sea vía registral o a través de los demás mecanismos previstos por la legislación, a fin de poder verse protegidos por el estatuto especial que la Ley de Delitos Económicos prevé para quienes infrinjan sus derechos.
Finalmente, cabe recalcar que la entrada en vigor de esta ley acarreará consecuencias adicionales para los autores de los delitos en cuestión, dentro de las cuales destacan especialmente la aplicación de multas, comiso de ganancias e inhabilidades para ejercer cargos en el ámbito público y privado, así como para contratar con el Estado.
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