La información obtenida a través del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (“RTBF”) será combinada con la información de la Declaración Informativa de Personas Jurídicas inactivas (Formulario D195)

La Administración Tributaria costarricense emitió desde enero, los criterios de selección para usar la información que contiene el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (“RTBF”), a efectos de elaborar sus planes de gestión de riesgo de incumplimiento tributario para este 2023.

Dentro de dichos criterios, la Administración Tributaria incluyó los siguientes:

• No presentar la Declaración del RTBF antes de su vencimiento (30 de junio del 2023).
• Un nombre comercial inscrito en el Registro Público a nombre de una sociedad, la cual no está dada de alta como contribuyente ante Hacienda.
• Socios de sociedades reportadas en el RTFB domiciliados en “paraísos fiscales” (jurisdicciones no cooperantes de poca o nula tributación).
• No identificar la totalidad de personas (físicas o jurídicas) en el extranjero con una participación sustantiva (15% o más del capital social).
• Cuando una persona física tenga participación en 50 o más personas jurídicas.
• Bienes inscritos en el Registro Público a nombre de una sociedad reportada en el RTBF que evidencien un “presunto incremento patrimonial” o reflejen un “alto patrimonio”.

Hay que tener mucho cuidado, ya que la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone qué debe entenderse por “incremento injustificado de patrimonio”, pero no hay una definición legal o reglamentaria clara acerca de qué debe entenderse por “alto patrimonio”. Esto denota una intención de la Administración Tributaria de hacer “expediciones de pesca” para tratar de recaudar lo más que pueda.

Esto se presta para interpretaciones subjetivas y actuaciones arbitrarias por parte de los auditores de la Administración Tributaria, en caso de eventuales fiscalizaciones a sociedades dueñas de distintos bienes inscritos a su nombre en el Registro Público, con lo cual habrá que estar muy vigilantes.

La Administración Tributaria deberá respetar el plazo ordinario de prescripción de 4 años en sus fiscalizaciones hacia atrás de sociedades inactivas, según lo estipula el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Tomar en cuenta que hay partes de la declaración D195 en la que deben indicarse montos, para los cuales no necesariamente el declarante tendrá certeza. Por ejemplo, el monto aproximado para gastos anuales que se incurrirán. La Administración Tributaria indicó que pueden presentarse montos aproximados en relación con la determinación de gastos, pero en realidad, ante un proceso de fiscalización, los auditores a cargo no quedarán satisfechos con “montos aproximados”. Ellos exigirán explicaciones precisas y exactas de los montos reportados.

Finalmente, es importante considerar que al no ser las sociedades inactivas empresas o negocios en marcha, entonces para completar la declaración D195 no aplican las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Estas normalmente integran la normativa tributaria a efectos del debido cumplimiento de las obligaciones formales y materiales. Asimismo, no sería necesario declarar la tenencia de acciones de otras sociedades costarricenses, por parte de una sociedad inactiva, en virtud de que eso se declara en la declaración del RTBF.

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