El Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Bío Bío (SERVIU) interpuso demanda por indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de la Sociedad Constructora V y A Ltda y de Asesorías Habitacionales Limitada (Egis), por la construcción de 509 viviendas en Coronel.
La demandante alegó demora en la entrega de las viviendas, problemas constructivos y de habitabilidad, especialmente relacionados con el sistema eléctrico. Solicitó que se condenara a las demandadas a pagar en forma solidaria, a título de daño emergente, la suma total de 316.211,16 UF para la reparación integral de las viviendas; 6.108 UF por el pago de traslado provisorio; y a título de daño moral la suma de 150.000 UF. La demanda fue rechazada en todas sus partes por el tribunal de primera instancia, cuya sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción.
La Corte Suprema, al casar en el fondo la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, se pronunció sobre la responsabilidad legal de la que responde el SERVIU en los referidos contratos de construcción, señalando lo siguiente:
“Esta posición sui generis en que se encuentra el SERVIU respecto de los contratos regidos por el Decreto Supremo N°174, genera que este órgano esté obligado a cumplir no sólo con el pago del subsidio, sino que además, se genera el deber de velar por la adecuada construcción de las viviendas, siendo éste órgano, junto a la empresa constructora responsable ante quienes adquieren las viviendas a través del subsidio otorgado. En este orden de consideraciones resulta relevante destacar que el SERVIU, al ser dueño del terreno en que se erigen las viviendas, tiene la responsabilidad como primer vendedor, en conformidad con lo estipulado en el artículo 18 de la LGUC.”
El fallo se refiere, además, a la discusión doctrinaria en relación con el estatuto jurídico que sería aplicable a la responsabilidad del SERVIU en este caso, afirmando que:
“la situación sui generis creada por la ley permite aplicar la doctrina de cúmulo u opción de responsabilidades, encontrándose habilitadas las partes para demandar tanto en sede contractual y/o extracontractual y/o por falta de servicio, sometiéndose en cada caso íntegramente al estatuto escogido”.
En su fallo, la Corte Suprema rechazó la demanda en contra de Egis por considerar que respecto a dichas entidades “no figura la obligación de velar directamente por la adecuada construcción de las obras”, sino que solo pueden intervenir a requerimiento expreso del SERVIU, cuestión que no ocurrió. En cuanto a la sociedad constructora, se acogió la demanda condenando a pagar la suma de 270.838 UF.
Ver Corte Suprema, Rol N° 82.567-2021
La Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció sobre la suspensión de los términos probatorios conforme a la Ley 21.226. Indicó que el artículo sexto de dicha norma ordenó la suspensión hasta los 10 días hábiles posteriores al cese del estado de excepción constitucional, lo que se produjo el 30 de septiembre de 2021, de modo que las partes quedaron en condición de reanudar dicho término a partir del día 15 de octubre de 2021.
Agregó que lo anterior quedó corroborado con lo ordenado por el artículo 12° de la Ley 21.370, que ordenó: “Los términos probatorios que durante la vigencia del artículo 6 se hubieren suspendido por disposición de dicha norma, se reanudarán, a petición de parte, desde la fecha en que se notifique la resolución que acoja la solicitud, extendiéndose por el tiempo que corresponda de conformidad a las reglas generales.”. Así, la Corte de Apelaciones resolvió que desde el 15 de octubre del año 2021 la obligación de la actividad procesal recayó en las partes.
La sentencia de la Corte de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia, estableciendo que el procedimiento se encuentra abandonado, toda vez que la petición que tuvo por objeto dar prosecución al juicio es de fecha 9 de mayo de 2022, más de 6 meses después desde que haya concluido la suspensión del procedimiento.
Ver Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° C - 2701-2021
El año 2011, el señor Franzani se alojó en el Hotel Terrado Suites. Durante el desayuno, tomó un vaso de jugo y éste explotó en su mano, produciéndole lesiones en su mano y muñeca. El tribunal de primera instancia acogió parcialmente la demanda por responsabilidad extracontractual interpuesta, desestimando el daño emergente y lucro cesante por insuficiencia de los medios de prueba acompañados, pero acogiendo la existencia de daño moral, fijando un monto indemnizatorio de $5.500.000. Luego, el fallo de segunda instancia revocó la sentencia apelada fundado en que no se había demostrado la existencia de una acción u omisión, dolosa o culpable, de la demandada, así como la relación causal correspondiente.
La Corte Suprema, casando de oficio el fallo de segunda instancia, se pronunció en el siguiente sentido en su sentencia de reemplazo:
“Que, de este modo, a partir de la premisa que el demandante se encontraba hospedado en el Hotel de la demandada el 15 de agosto de 2011, y que ese día resultó con lesiones originadas en un elemento cortante cuya existencia fue reconocida en las comunicaciones emanadas del personal del Hotel, es posible concluir la existencia de culpa de la empresa demandada, fundada en la ausencia de medidas de seguridad necesarias para el ejercicio de su actividad comercial, correspondiéndole a ella desvirtuar que en el caso las seguridades que pudo haber dispuesto fueron superadas, ya por la ocurrencia de un evento fortuito o la acción imprudente de la víctima, cuestión que no ocurrió.”
Conforme a dicho razonamiento, la Corte Suprema revocó la sentencia recurrida en cuanto había rechazado indemnizar el daño emergerte al demandante, y en su lugar decidió acogerlo por la suma de $2.360.584.
Ver Corte Suprema, Rol N°12.656-2019
Con fecha 17 de agosto de 2022 ingresó una moción a la Cámara de Diputados con el fin de modernizar el sistema registral en Chile. El proyecto cita un estudio de la Fiscalía Nacional Económica que hace referencia a las ineficiencias del sistema, la asignación de recursos sub óptima, las rentas monopólicas, entre otras fallas.
Dicho proyecto consta de un artículo único, el cual dispone:
“Los Notarios, Conservadores y Archiveros deberán disponer en el plazo de 2 años a contar de la publicación de esta ley, de un sistema informático que permita a los usuarios realizar solicitudes, rectificaciones, inscripciones y demás trámites de manera equivalente al funcionamiento presencial de sus oficios. Para todos los efectos, especialmente requerir una inscripción conservatoria y su valor probatorio en juicio, el instrumento suscrito por todos los otorgantes mediante firma electrónica avanzada con sellado de tiempo tendrá el valor de escritura pública. Los Notarios, Conservadores y Archiveros tienen el carácter de proveedores para los efectos de la aplicación de la Ley Nº 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.”
“Los Notarios, Conservadores y Archiveros deberán disponer en el plazo de 2 años a contar de la publicación de esta ley, de un sistema informático que permita a los usuarios realizar solicitudes, rectificaciones, inscripciones y demás trámites de manera equivalente al funcionamiento presencial de sus oficios.
Para todos los efectos, especialmente requerir una inscripción conservatoria y su valor probatorio en juicio, el instrumento suscrito por todos los otorgantes mediante firma electrónica avanzada con sellado de tiempo tendrá el valor de escritura pública.
Los Notarios, Conservadores y Archiveros tienen el carácter de proveedores para los efectos de la aplicación de la Ley Nº 19.496, que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.”
Actualmente el proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ver Boletín N°15.291-07
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