Los principales aspectos de esta ley son los siguientes.
Si bien no podemos confirmarlo en forma oficial, es altamente probable que el Gobierno extienda la alerta sanitaria más allá del 30 de junio de 2021.
En caso que las funciones del trabajador no puedan realizarse mediante teletrabajo, se le deberá destinar a labores que no impliquen atención a público o con terceros que no desempeñen funciones permanentes en ese lugar de trabajo, siempre que ello no importe un menoscabo para el trabajador, y que no se le reduzca su remuneración.
Las empresas que no cuenten con un Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19 no podrán retomar o continuar la actividad laboral de carácter presencial.
El propósito de este seguro es financiar o reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador, asociados a la enfermedad COVID–19, así como también el proporcionar una indemnización en caso de fallecimiento por o con Covid-19. No obstante lo anterior, el seguro no cubre: (i) gastos de hospitalización o el fallecimiento asociados a enfermedades distintas al COVID-19; y (ii) gastos de hospitalización o fallecimiento asociados o derivados de lesiones sufridas en un accidente, de cualquier naturaleza o tipo, incluso si la víctima tiene COVID-19.
La cobertura del seguro se mantendrá en el evento que la relación laboral concluya por cualquier causa y hasta un año desde su respectiva contratación. Si al término del plazo de vigencia de la póliza aún permanece vigente la alerta sanitaria decretada con ocasión del brote del Nuevo Coronavirus COVID-19, el empleador deberá contratar un nuevo seguro o renovar el que se encuentre vigente. Sin perjuicio de ello, los empleadores no estarán obligados a contratar un nuevo seguro respecto de aquellos trabajadores que tengan vigente la cobertura del seguro de acuerdo a esta ley.
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