El pasado 13 de mayo de 2024, se publicó en el diario oficial El Peruano, la Resolución No. 01754-2024, a través de la cual la Superintendencia de Banca y Seguros dispuso aprobar la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios a nivel nacional y al Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, a lo que en adelante se denominará OCP LA/FT.

Como eje central de dicho compendio normativo se establecen las obligaciones aplicables tanto a los notarios y al OCP LA/FT en su calidad de sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú).

Entre los aspectos más relevantes de la norma, destaca la regulación de las diversas funciones del Organo Centralizado de Prevención de Lavado de Activos y financiamiento al terrorismo, tales como la centralización de la información de las operaciones de los notarios a nivel nacional, a través de la Base Centralizada de Información (BCI), en virtud de lo cual puede analizar y detectar señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones sospechosas a ser comunicadas a la UIF-Perú en representación del notario; debiendo llevar un registro de las operaciones inusuales detectadas, así como elaborar y presentar informes trimestrales negativos de operaciones sospechosas.

A su vez, el OCP LA/FT tiene el deber de elaborar, desarrollar y mantener actualizada una Guía Metodológica para la identificación y evaluación de riesgos del LA/FT y FP del sector notarial, esto con la finalidad de que los notarios a nivel nacional implementen procedimientos estrictosde identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT y FP, considerando los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos, así como los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos del LA/FT y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FP); lo que debe estar plasmado en un único Manual y Código de conducta elaborado por el OCP LA/FT, aplicable a ambos sujetos obligados.

Conitnuando con la lectura, en cuanto a las funciones de los notarios, ahora tienen la obligación de integrarse a la Base Centralizada de Información (BCI), así como comunicar mensualmente las señales de alerta, operaciones inusuales u otra operación relevante al OCP LA/FT y la comunicación inmediata de informes de riesgos LA/FT; así como, remitir al OCP LA/FT la información recabada como parte de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia y de más información necesaria y complementaria para los fines del sistema de prevención del LA/FT o para que estas sean proporcionadas a las autoridades competentes.

Teniendo en consideración estos nuevos lineamiento, los notarios a nivel nacional contaran con un plazo no mayor de sesenta (60) días, contados desde la entrada en vigencia de la Resolución, para adecuarse a las disposiciones de la nueva norma.

Finalmente, no es menos importante señalar la incorporacieon del OCP LA/FT y a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) en el reglamento de infracciones y sanciones en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Estas medidas vienen siendo adoptadas en una lucha constante que nuestras instituciones vienen realizando con la intención de reducir los porcentajes de casos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

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