El Congreso Argentino reformó el marco legal en materia de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo incluyendo a los activos virtuales y a sus proveedores bajo escrutinio.

La reforma definió el concepto de activos virtuales, los servicios de activos virtuales y estipuló su registro en el país con el fin de prevenir su uso en el lavado de activos. El registro es necesario a los fines de brindar servicios en el país.

Los activos virtuales fueron definidos de manera amplia como la representación digital de valor que se puede comercializar y/o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional y las monedas emitidas por otros países o jurisdicciones (moneda fiduciaria).

Bajo la nueva regulación, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) son todos aquellos, persona humana o jurídica, que realicen como negocio una o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona humana o jurídica:

1. Intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal (monedas fiduciarias);
2. Intercambio entre una o más formas de activos virtuales;
3. Transferencia de activos virtuales;
4. Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos; y
5. Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual.

PSVA (residentes o constituidas en la Argentina; o residentes o constituidas fuera de la Argentina) serán todas las personas humanas y jurídicas que utilicen páginas web, redes sociales u otros medios, direccionando su oferta y/o publicidad a sujetos residentes en la República Argentina. Los PSVA podrán tener operaciones en el país o utilizar cualquier tipo de tecnología para recibir localmente fondos de residentes en el país.

Los PSVA que tengan un volumen de negocio superior a 35.000 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) por mes calendario (aproximadamente US$ 31.000). A efectos de su determinación, deberá aplicarse a la totalidad de las actividades u operaciones, registradas en el mes calendario, el valor de la UVA correspondiente al último día de dicho mes.

Se entenderá que una persona humana o jurídica residente o constituida fuera de la Argentina realiza en el país cualquiera de dichas actividades u operaciones cuando se realicen bajo cualquiera de las modalidades que se mencionan a continuación:

1. Que utilicen cualquier dominio “.ar” para llevar a cabo sus actividades u operaciones.
2. Que tengan acuerdos comerciales con terceros o subsidiarias o vinculadas que les permitan recibir localmente fondos u activos de residentes argentinos para la realización de las actividades u operaciones (o cualquier actividad similar de las que se conocen como servicios de rampa).
3. Que tengan un claro direccionamiento a residentes en la República Argentina.
4. Que efectúen publicidad claramente dirigida a residentes en la República Argentina.
5. Que su volumen de negocios en la República Argentina exceda del 20% de su volumen total de negocios. A tal efecto, se considerará solamente el volumen total de negocios de la o las actividades por las que debe inscribirse en el Registro.

No podrán inscribirse en el Registro las personas, humanas o jurídicas, domiciliadas, constituidas, o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que se encuentren incluidos en el listado de jurisdicciones no cooperantes a los fines de la transparencia fiscal, y los que sean considerados no cooperantes o de alto riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La inscripción ante el Registro deberá ser solicitada dentro de los 45 días de la entrada en vigor de la Resolución, el día 3 de junio del 2024.

A la par, los PSVA fueron incluidos en el listado de sujetos obligados bajo el Régimen de prevención de lavado de activos. Resumidamente, deberán cumplir con las siguientes obligaciones principales:

1. Registrarse ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
2. Recabar documentación de los clientes e identificar y verificar la autenticidad de los beneficiarios finales.
3. Reportar actividades sospechosas relacionadas con actividades ilícitas como el lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.
4. Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de esta normativa.
5. Crear procedimientos internos de prevención.
6. Designar oficiales de cumplimiento responsables ante la UIF para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley.
7. Obtener información sobre la relación con el cliente: Determinar el propósito y la naturaleza de la relación establecida con el cliente.
8. Evaluar y mitigar riesgos.
9. Examinar continuamente las transacciones realizadas.
10. Identificar personas con funciones de administración y representación de sus clientes.
11. Mitigar riesgos en relaciones sin presencia física del cliente.
12. Gestionar riesgos de personas expuestas políticamente.
13. Determinar origen y licitud de fondos involucrados en las transacciones.
14. Mantener registros físicos o digitales de todas las transacciones durante al menos diez años, así como documentación relacionada con la identificación de clientes y correspondencia comercial.
15. Cumplimiento previo al inicio de la relación: El incumplimiento de ciertas obligaciones impide el inicio o la continuación de la relación con el cliente, sin perjuicio de realizar un análisis adicional para determinar si debe informarse sobre una operación sospechosa a la UIF.

Dichas normas fueron dictadas para garantizar el cumplimiento con los estándares fijados en la Recomendación 15 del GAFI, y evitar caer en la “lista gris” de países vulnerables a los delitos financieros y el lavado de dinero.