El pasado 22 de diciembre se emitió el Decreto 1733 de 2020 que reglamenta la ley 2024 de 2020 denominada “Ley de Pagos Justos”.

La Ley de Pagos Justos estableció que todos los pagos en dinero causados como contraprestación en los actos mercantiles deben ser realizados en los plazos fijados por la ley, sin que las partes puedan pactar plazos distintos, de forma que, cualquier disposición contractual en contrario, será ineficaz de pleno derecho.

El decreto reglamentario, aclara, principalmente, los siguientes asuntos:

Exclusiones del ámbito de aplicación de la ley: Están excluidos del ámbito de aplicación de la ley, los siguientes tipos de pago:

1. Pagos causados como contraprestación en actos que, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 a 23 del Código de Comercio, no sean considerados mercantiles. Así, la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico y la venta de los mismos, la adquisición de bienes para producir obras artísticas y la venta de éstas por su autor, la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales, y la venta que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, en su estado natural, no estarían dentro del ámbito de aplicación de esta norma.

2. Las obligaciones de pago de las relaciones de consumo sujetas las normas de protección al consumidor. Es decir, aquellos pagos que surjan en transacciones entre un productor o proveedor que suministra un bien o presta un servicio y un consumidor que lo adquiere y utiliza como destinatario final para satisfacer una necesidad propia, privada, familiar o doméstica, o incluso empresarial siempre que no esté ligada intrínsecamente a la actividad económica de la empresa.

3. Las obligaciones que surjan en operaciones mercantiles realizadas entre grandes empresas.

Por lo tanto, la norma aplica a aquellas transacciones donde al menos una de las partes sea una Micro, Pequeña o Mediana Empresa, según sus ingresos por actividades ordinarias anuales se encuentren dentro de los siguientes rangos, en los términos del Decreto 1074 de 2015:

• Para el Sector Manufacturero:
  • Microempresa: Inferiores o iguales a 23.563 UVT (COP$ 855.525.404).
  • Pequeña Empresa: Superiores a 23.563 UVT (COP$ 855.525.404) e inferiores o iguales a 204.995 UVT (COP$ 7.442.958.460).
  • Mediana Empresa: Superiores a 204.995 UVT (COP$ 7.442.958.460) e inferiores o iguales a 1'736.565 UVT (COP$ 63.051.202.020).

• Para el sector servicios:
  • Microempresa: Inferiores o iguales a 32.988 UVT (COP$ 1.197.728.304).
  • Pequeña Empresa: Superiores a 32.988 UVT (COP$ 1.197.728.304) e inferiores o iguales a 131.951 UVT (COP$ 4.790.876.908).
  • Mediana Empresa: Superiores a 131.951 UVT (COP$ 4.790.876.908) e inferiores o iguales a 483.034 UVT (COP$ 17.537.998.472).

• Para el sector de comercio:
  • Microempresa: Inferiores o iguales a 44.769 UVT (COP$ 1.625.472.852).
  • Pequeña Empresa: Superiores a 44.769 UVT (COP$ 1.625.472.852) e inferiores o iguales a 431.196 UVT (COP$ 15.655.864.368).
  • Mediana Empresa. Superiores a 431.196 UVT (COP$ 15.655.864.368) e inferiores o iguales a 2'160.692 UVT (COP$ 78.450.405.136).

*Son grandes empresas, aquellas cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales superen los rangos antes mencionados.

La acreditación del tamaño de la empresa se debe realizar mediante certificación expedida por la persona natural cuando se trate de estas, o en el caso de las personas jurídicas, por certificación expedida por el representante legal, contador, o revisor fiscal si están obligadas a tenerlo.

4. Obligaciones contenidas en títulos valores (salvo las facturas de venta).

5. Pagos correspondientes a indemnizaciones de daños.

6. Pagos derivados de la ejecución de contratos de seguro.

7. Obligaciones derivadas de contratos de mutuo y otros contratos típicos o atípicos donde los plazos diferidos de la obligación dineraria sean propios de la esencia del contrato. El decreto aclara que se excluyen del ámbito de aplicación las obligaciones derivadas de este tipo de contratos típicos o atípicos, siempre que las partes lo hayan acordado.

8. Obligaciones sujetas a procedimientos concursales, de reestructuración empresarial o liquidación, incluyendo las obligaciones sujetas a los regímenes de insolvencia de persona natural no comerciante y de toma de posesión y liquidación del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

9. Operaciones mercantiles de comercio internacional. Se llama la atención sobre este punto que es enteramente nuevo frente a las excepciones inicialmente incluidas en la ley 2024.

Sobre el cómputo del término para el pago en plazos justos: Dando claridad sobre el momento a partir del cual se cuentan los términos para el plazo justo, y alineándolo con las disposiciones en materia de facturación electrónica, el decreto aclara que:

• Cuando el adquirente del bien o servicio reciba por medios electrónicos la factura de venta, las obligaciones deben pagarse dentro de los siguientes plazos:
  • 60 días calendario a partir de la recepción de la factura que cumpla con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, para las facturas recibidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
  • 45 días calendario a partir de la recepción de la factura que cumpla con los requisitos de establecidos en el Estatuto Tributario, para las facturas recibidas a partir del 1 de enero de 2022.

• Cuando la factura no sea recibida por el adquirente a través de medios electrónicos, o cuando el vendedor no esté obligado a expedir factura de venta, de conformidad con la normativa vigente, el computo del término para el pago en plazos justos iniciará con la entrega de las mercancías o la prestación efectiva del servicio.

• En cuanto a las operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el plazo máximo y definitivo para el pago de obligaciones será de sesenta (60) días calendario a partir de la recepción de la factura. La obligación de pago en plazos justos aplicará para estos pagos a partir del 1 de enero de 2023.

Por último, el decreto establece que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo otorgará un reconocimiento a las empresas que realicen sus pagos en plazos menores a los establecidos en la ley, siendo competencia del Ministerio establecer las condiciones, plazos y términos de la convocatoria, así como el reconocimiento que se otorgará a los participantes que hayan ocupado los primeros lugares.