El Decreto 560 del 15 de abril de 2020, emitido por el Gobierno Nacional, establece un régimen transitorio de 2 años para las unidades de negocio que se vean en la necesidad de acogerse al régimen de insolvencia empresarial, enfocado en la recuperación y el salvamento de las empresas afectadas por la situación generada por el COVID-19. Dentro de las medidas adoptadas, destacan los mecanismos para hacer el proceso de insolvencia más expedito, así como las medidas de alivio financiero y reactivación comercial.

Asuntos Relevantes:

• Establece un régimen transitorio de insolvencia, recuperación y salvamento para empresas afectadas por la situación generada por el COVID-19.
• El régimen transitorio tendrá una vigencia de dos (2) años a partir del 16 de abril de 2020, fecha de entrada en vigencia del Decreto Legislativo.
• Implementa mecanismos para que el proceso de insolvencia sea expedito.
• Auditoria sobre información para la admisión: El Juez del concurso no realizará auditoría sobre la exactitud o contenido de los soportes de las solicitudes de acceso a los mecanismos de reorganización. El deudor y su contador o Revisor Fiscal serán responsables de verificar la idoneidad de dichos documentos.
• Pago de pequeñas acreencias: Los deudores podrán hacer pagos a acreedores titulares de acreencias que no superen el 5% del total del pasivo externo sin requerir autorización del juez del concurso.
• Venta de activos para pago de pequeñas acreencias: Para el pago de pequeñas acreencias el deudor podrá vender activos que no correspondan al giro ordinario de sus negocios siempre que lo haga en condiciones de mercado.
• Mecanismos de alivio financiero y de reactivación: El Decreto incluye varias medidas de alivio financiero:
1. Capitalización de pasivos: El acuerdo de reorganización podrá incluir la posibilidad de que los acreedores suscriban acciones o participación en la empresa deudora, así mismo se podrán expedir bonos de riesgo o cualquier otro mecanismo de subordinación de deuda.
2. No autorización para emisión y colocación:Para la emisión y colocación de las acciones y bonos de riesgo provenientes de capitalización créditos, será suficiente la inclusión en el acuerdo del reglamento de suscripción. No se requerirá autorización o trámite alguno para la colocación de estos títulos.
3. El Gobierno reglamentará el régimen propio de los bonos de riesgo.
4. Descarga de pasivos: Todos aquellos pasivos que excedan la valoración de la empresa en marcha, podrán descontarse del pasivo total de la compañía. Esta medida deberá ser aprobada al menos por el 60% de los acreedores externos y no podrá afectar los derechos laborales, pensionales, alimentos o a los acreedores garantizados.

En el caso de acceder al mecanismo de descarga de pasivos, se deberá disponer la cancelación sin contraprestación de los derechos de sus accionistas o socios.

5. Pactos de deuda sostenible: Los acuerdos de reestructuración y reperfilamiento de las deudas no serán simplemente renegociaciones del pago de las deudas en el tiempo, el decreto prevé que el deudor pueda restructurar el pasivo para llevarlo a dimensiones que resulten fácilmente administrables por éste, para ello se requiere la aprobación de al menos el 60% de los acreedores financieros.
• Estímulos para la financiación de la empresa en crisis: El Decreto establece algunos estímulos para la financiación de la empresa, en el siguiente sentido:
1. No se requerirá autorización del juez del concurso para que la empresa en crisis obtenga créditos para el desarrollo de sus negocios, el pago de estos créditos tendrá preferencia sobre aquellas deudas objeto del acuerdo de reorganización.
2. La empresa podrá respaldar el crédito con activos no gravados a favor de otros acreedores.
3. La empresa podrá constituir gravámenes de segundo grado sobre activos gravados a favor de otros acreedores.
4. La empresa podrá constituir gravámenes de primer grado sobre activos gravados a favor de otros acreedores, desplazando al acreedor original al segundo grado, siempre que se demuestre que el acreedor original permanecerá razonablemente protegido.
5. Los acreedores podrán presentar opciones de financiación que sean menos gravosas a las solicitadas por el deudor.
• Salvamento de empresas en estado de liquidación inminente: Cualquier acreedor podrá evitar la liquidación judicial de una empresa, manifestando su interés de aportar nuevos recursos que deberán cubrir cuanto menos todos los pasivos laborales, pensionales, gastos de administración de la reorganización, créditos garantizados, y en general créditos con vocación de pago, sometido a dos condiciones:
1. Que el Patrimonio del deudor sea negativo.
2. Que el interesado o interesados efectúen el depósito por el valor completo de la operación.
• Alivio transitorio para las compañías que se encuentran en reorganización: Las cuotas de acuerdos de reorganización que se encuentran en ejecución, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del año 2020 sólo se entenderán vencidas a partir del mes de julio del año 2020.
• Herramientas extrajudiciales: Negociación de emergencia de acuerdos de reorganización (preconcurso), esta figura constituye una novedad en el régimen de insolvencia nacional y consiste en que el deudor podrá negociar directamente con sus acreedores, los acuerdos a los que se llegue se presentarán al juez del concurso para su aval. La norma prevé que las negociaciones tendrán una duración máxima de tres meses y determina la suspensión de los procesos ejecutivos y de cobro que se encuentren en trámite contra el deudor.

Durante los tres meses de duración de la negociación, el deudor podrá aplazar el pago de sus gastos de administración exceptuando salarios y prestaciones sociales.

• Procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio: Con el fin de descongestionar la Superintendencia de Sociedades, se creó el mecanismo de trámite del acuerdo de reorganización ante la cámara de comercio del domicilio del deudor, bajo una figura de mediación, el acuerdo se sujetará a la confirmación del juez del concurso, confirmación que se prevé sucederá en una sola audiencia. Este procedimiento tendrá una duración máxima de tres meses.

El procedimiento de recuperación ante las cámaras de comercio cubre a todas las empresas, incluso aquellas excluidas de la Ley 1116, siempre y cuando éstas no tengan un régimen de insolvencia especial.

Las objeciones u observaciones al compromiso asumido por todas las partes, serán resueltas por un árbitro único de conformidad con el reglamento de la cámara de comercio en la que se lleve a cabo el procedimiento.
• De fracasar las herramientas extrajudiciales anteriormente descritas, el deudor no podrá intentar acudir a éstas nuevamente por un lapso de un (1) año, podrá sin embargo acceder a los mecanismos previstos en la Ley 1116 o la normativa que le sea aplicable a la compañía deudora.
• Aspectos tributarios: Las empresas admitidas a reorganización y las que actualmente estén ejecutando acuerdos de reorganización de Ley 1116:
1. No estarán sometidas a retención o autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta hasta el mes de diciembre de 2020.
2. Estarán exoneradas de pagar el anticipo de renta por el año gravable de 2020.
3. La retención en la fuente a título de IVA se reducirá al 50% para el año 2020.
4. No estarán obligados a liquidar renta presuntiva en el año 2020.
• Suspensiones de normas:
• El Decreto ordena la suspensión por un lapso de veinticuatro (24) meses, de las siguientes normas:
1. Supuesto de incapacidad de pago inminente como causal para iniciar un proceso de reorganización. Esta suspensión no aplicará a los procesos de negociaciones de emergencia de acuerdos de reorganización, ni a los procedimientos de recuperación empresarial.
2. La posibilidad de dar inicio a procesos de liquidación por adjudicación, derivados del fracaso de procesos de reorganización.
3. La causal de disolución por pérdidas prevista en el artículo 457 del Código de Comercio y del artículo 35 de la Ley 1258 de 2008.
• Se suspende hasta el 31 de diciembre de 2020, la obligación prevista en el numeral 5 del artículo 19 del código de comercio, referida a que los comerciantes deben denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, siempre y cuando esta cesación tenga relación con las situaciones que dieron lugar a la declaratoria de emergencia nacional.